La economía política de la migración forzada, más allá de la “crisis humanitaria” de la frontera entre EE.UU. y México

En junio de 2021, presenté la charla «La economía política de la migración forzada, más allá de la “crisis humanitaria” de la frontera entre EE.UU. y México» en el simposio «La Expansión del Humanitarismo: Perspectivas, Realidades y Enfoques» de la Anthropology of Humanitarianism Network (AHN) de la European Association of Social Anthropologists (EASA).

Los abusos a los derechos humanos en contra de lxs niñxs y adolescentes en situación de movilidad que huyen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala) hacia EUA buscando seguridad y refugio han atraído la atención de los medios de comunicación, y se convirtieron en una problemática clave de la agenda humanitaria regional desde la “ola” de niños, niñas y adolescentes no acompañados de 2014 y las caravanas de centroamericanos en situación de movilidad en 2018 y 2019. Se calcula que, sólo en 2019, casi 800.000 personas de los países del Triángulo Norte fueron desplazadas internamente o cruzaron fronteras internacionales (ACNUR, UNICEF, 2020). Todos los años, la incapacidad de estos Estados para abordar las causas subyacentes de la migración forzada y para implementar políticas públicas efectivas de protección para las poblaciones que intentan cruzar la frontera sur de EUA se convierte en una (así llamada) “crisis humanitaria” de gran escala.

Mi presentación retomó mis estudios en antropología y, actualmente, en el Diplomado de estudios latinoamericanos de CLACSO, así como mi trabajo de campo en la temática de los niños y las niñas no acompañados que son deportados tras haber intentado ingresar o solicitar protección internacional en EE.UU., en Oaxaca y Tamaulipas (México) en noviembre de 2014. Esta investigación, en el marco de la RELAF, resultó en el informe Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Retornados. Un análisis de los contextos y las respuestas de los servicios y las políticas de protección en El Salvador, Guatemala, Honduras y México (2015, RELAF, Save the Children, UNICEF). También retomé algunas de las cosas que aprendí en mi investigación sobre las políticas de protección para los niños y las niñas no acompañados centroamericanos en México de manera remota entre 2016 y 2018, que resultó en la Guía para los programas de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y solicitantes de protección internacional separados y no acompañados en México.

Desde el cambio de administración en Estados Unidos, han proliferado los mensajes sobre la necesidad de que tanto Washington como los gobiernos de los países de origen «aborden las causas subyacentes» del desplazamiento. Lo que más llama la atención es que se enumera a la pobreza y la violencia como causas primarias, al tiempo que se pasan por alto procesos y contextos socioeconómicos, culturales y políticos que derivaron en las circunstancias de las que las personas huyen de sus países. Entre otras, las consecuencias de las políticas económicas neoliberales en la exlusión social y los niveles de violencia, los conflictos armados respaldados por intervenciones militares extranjeras, el patriarcado, el machismo y destrucción ambiental producida por las economías basadas en el extractivismo.

Por esta razón, desde el marco teórico de la economía política de la gobernanza global, en mi presentación intenté explicar el fenómeno de la migración forzada de los niños y las niñas no acompañados en la frontera entre EE.UU. y México más allá de la perspectiva hegemónica que la describe exclusivamente como una “crisis humanitaria”. De este modo, intenté ofrecer una reflexión sobre las limitaciones de las narrativas humanitarias para dar cuenta de las problemáticas económicas y políticas estructurales que impulsar a los niños y las niñas a migrar en esta región.

Diversas investigaciones señalan como los principales causales inmediatos que generan el desplazamiento forzado son las disparidades económicas profundas entre y dentro de los países de la región, la degradación medioambiental que lleva a la inseguridad alimentaria, y el fracaso de los Estados a la hora de proteger a sus ciudadanos ante la inseguridad, la violencia criminal y las amenazas de las pandillas y las redes transnacionales del crimen organizado (Clemens, 2017; Knox, 2017: 18; Lorenzen, 2017). A esto se suman la violencia de género, y reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes por parte de pandillas por medio del uso de la fuerza (UNHCR, 2014; UNICEF, 2018). Existe evidencia de que las medidas de encierro para paliar los efectos de la COVID-19 llevaron a un aumento tanto de la violencia de grupos criminales, como de los niveles de violencia doméstica intrafamiliar, incluyendo la violencia sexual y de género contra niñas y mujeres (ACNUR y UNICEF, 2020).

Más allá de la violencia, es importante señalar que las principales razones que motivan a las personas en movilidad del Triángulo Norte a salir de sus países están relacionadas con la inequidad socioeconómica y informalidad del mercado laboral (que se agravó durante la pandemia), y con las consecuencias sobre las vidas de las personas dedicadas a la agricultura de subsistencia y jornaleras agrícolas del cambio climático en el Corredor Seco de Centroamérica, que incluyen la degradación de la tierra y la proliferación de fenómenos climáticos extremos como sequías, tormentas e inundaciones (Oxfam Internacional, 2021: 3). Junto con la expansión del monocultivo, la deforestación motivada por la industrialización, la minería, así como las políticas gubernamentales de protección social insuficientes que palien sus efectos y la corrupción gubernamental, estos procesos de degradación ambiental y fenómenos extremos resultan en el agravamiento de la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, Honduras y El Salvador (Olson, 18 de noviembre de 2020). Así como en el pasado, desastres naturales tales como el huracán Mitch de 1998 y dos terremotos en 2001 impulsaron la migración, en noviembre de 2020, dos huracanes consecutivos (Eta e Iota) devastaron áreas de Guatemala y Honduras, generando el desplazamiento forzado de miles de personas (DuprazDobias, 21 abril de 2021).

Fuentes